Las protestas estudiantiles que se extendieron por Francia dejaron cientos de heridos y detenidos durante una nueva jornada de movilizaciones, en la que alumnos, docentes y padres reclamaron mejoras en las condiciones del sistema educativo. El gobierno desplegó a la policía antidisturbios ante los enfrentamientos registrados en París, Estrasburgo, Rennes, Toulouse y otras ciudades.

Las movilizaciones reunieron a más de 250.000 personas en decenas de ciudades, según el Ministerio del Interior, mientras que los organizadores elevaron la cifra hasta 450.000. El primer ministro, Sébastien Lecornu, calificó los episodios como las manifestaciones estudiantiles más violentas en décadas.

El mandatario informó que al menos 215 adolescentes y 85 trabajadores de establecimientos educativos resultaron heridos, mientras que su oficina indicó que más de 700 policías también sufrieron lesiones. Además, el Ministerio del Interior contabilizó 488 detenidos durante la jornada del martes.

Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos violentos que actuaron en los márgenes de las movilizaciones. Los principales incidentes se produjeron en París, Estrasburgo, Rennes y Toulouse.

En la capital francesa, la Policía señaló que alrededor de 300 personas, en su mayoría encapuchadas o enmascaradas, se enfrentaron con los agentes y provocaron daños en varios escaparates. Sin embargo, las autoridades indicaron que el resto de la movilización transcurrió sin incidentes graves.

Las protestas ya habían registrado episodios de gravedad durante los días anteriores: un adolescente perdió una mano el lunes. Además, más de 1.800 personas son procesadas por distintos delitos vinculados con las movilizaciones, entre ellas 1.483 menores, según el Ministerio de Justicia.

El movimiento comenzó en septiembre en suburbios desfavorecidos de París y posteriormente se extendió al resto del territorio. Los estudiantes denuncian problemas que van desde la falta de docentes hasta el deterioro de los establecimientos, con fugas de agua, plagas de ratas y aulas superpobladas.

La Unión de Estudiantes de Secundaria aseguró que más de la mitad de los aproximadamente 3.700 institutos franceses estaban bloqueados o habían cerrado sus puertas, mientras algunas autoridades educativas recurrieron a clases virtuales.

Organizaciones de derechos humanos, asociaciones de padres y estudiantes también acusaron a las autoridades de utilizar fuerza desproporcionada contra menores. El gobierno, en cambio, sostuvo que personas ajenas a la comunidad educativa instrumentalizaron parte del movimiento y provocaron episodios de violencia urbana.

Ante la escalada del conflicto, Lecornu ordenó a sus ministros elaborar respuestas para las principales demandas estudiantiles. Entre ellas aparecen garantizar reemplazos para los docentes ausentes, revisar las jornadas escolares de 8 a 18 y ampliar los descansos destinados al almuerzo.

El Ejecutivo también analizará reparaciones en edificios educativos antiguos, y el primer ministro exigió que los responsables de las distintas áreas presenten sus primeras propuestas antes de finalizar octubre.

Sin embargo, algunos padres consideran insuficiente la respuesta: “Todo eso está muy bien, pero no es lo que va a cambiar la vida diaria de nuestros hijos”, sostuvo Emilie Lhomme durante una protesta frente a la escuela Helene Boucher, en París.

La posibilidad de destinar nuevos recursos a educación aparece condicionada por la delicada situación de las cuentas públicas francesas. El gobierno busca reducir un déficit creciente mientras enfrenta un escenario de bajo crecimiento y mayores costos de endeudamiento.

La rentabilidad de los bonos franceses a diez años llegó la semana pasada a superar brevemente el 5%, su nivel más alto en 24 años, en medio de la preocupación de los inversores por la deuda pública.

El conflicto educativo suma así presión sobre el Ejecutivo en un momento de dificultades económicas y políticas. Según los datos de PISA 2025, el gasto francés en educación quedó rezagado frente a la inflación y los estudiantes del país se ubicaron por debajo del promedio de sus pares de la OCDE en rendimiento general.